Mejorar la calidad de la educación es el objetivo de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que se entrega a los municipios o las corporaciones municipales que trabajan con niños vulnerables o también llamados prioritarios.
No obstante, un informe de la Contraloría General de la República determinó que gran parte de estos recursos no fueron destinados a las áreas relacionadas con la Ley SEP en distintos municipios y corporaciones del país, entre ellas cuatro de la provincia de Chiloé.
Se trata de las entidades de Ancud, Dalcahue, Castro y Quellón, en las que en total tras la auditoría fueron objetados 505 millones 118 mil 435 pesos, ya que sea por gastos no justificados, no devolución de recursos transferidos a establecimientos cerrados, desembolsos insuficientemente acreditados y la no transferencia de fondos a la cuenta corriente de la SEP.
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